Condiciones generales para empezar el código de buenas prácicas

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Condiciones generales:

Los Usuarios deben leer atentamente el presente documento

Identidad: SALATAN ABOGADOS SL Domicilio social: Mestre Nicolau, 9, 5º 4ª Barcelona, C.P 08021 C.I.F. Nº: B-01978881 Delegada de protección de datos: Josefa Salazar Salazar Nº de colegiado 4587 Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba Email de contacto: Para cualquier consulta, el usuario puede ponerse en contacto con SALATAN ABOGADOS SL a través de la dirección de email contacto@codigobuenaspracticas.es

Finalidad:

Esta Página Web es ofrecida por: Identidad: SALATAN ABOGADOS SL Domicilio social: Mestre Nicolau, 9, 5º 4ª Barcelona, C.P 08021 C.I.F. Nº: B-01978881 Delegada de protección de datos: Josefa Salazar Salazar Nº de colegiado 4587 Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba Email de contacto: Para cualquier consulta, el usuario puede ponerse en contacto con SALATAN ABOGADOS SL a través de la dirección de email contacto@codigobuenaspracticas.es

Naturaleza del Servicio

SALATAN ABOGADOS SL, que gira comercialmente como codigobuenaspracticas, en adelante CBP, es una firma legal especializada en la intermediación y negociación de deudas hipotecarias con entidades financieras y todo tipo de acreedores comerciales, para tramitar el proceso de código de buenas prácticas recogido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Dicho texto ha sido modificado en varias ocasiones, siendo la más reciente la aprobada en la Resolución de 27 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023. El objetivo principal de CBP será la obtención de una carencia sobre la hipoteca del deudor hipotecario que arriende los servicios de la mercantil.

Requisitos para acogerse al procedimiento

Los requisitos para acogerse a este procedimiento son los establecidos legalmente en la Ley Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y sus posteriores modificaciones, siendo la más reciente el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual junto a la Resolución de 27 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023.

Pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas aquellos clientes personas físicas que hayan formalizado una hipoteca sobre su vivienda habitual con cualquiera de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas hasta el 31 de diciembre de 2022, y cuyo precio de adquisición no exceda de 300.000 euros.

Las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas se aplicarán a los deudores hipotecarios, e igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

En este sentido, los beneficiarios, serán aquellos clientes que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad y que deberán cumplir todos los criterios subjetivos que a continuación se indican:

- Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

Para acceder a la solicitud, se requiere que:
En los últimos cuatro años antes de la solicitud, la unidad familiar haya experimentado cambios significativos en su situación económica, reflejados en un mayor esfuerzo para acceder a la vivienda, o haya enfrentado circunstancias familiares de especial vulnerabilidad durante este período.

Se considera que ha habido un cambio significativo en las circunstancias económicas si tu cuota ha aumentado o si los ingresos han disminuido.

Además, se entiende que se está en una situación familiar de especial vulnerabilidad si:
La familia es numerosa según la legislación vigente.
La unidad familiar es monoparental y tiene hijos a su cargo.
La unidad familiar incluye a un menor de edad.
Uno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33 por ciento, está en situación de dependencia o tiene una enfermedad que lo incapacita de manera permanente para trabajar, según lo acredite.
En la vivienda conviven personas que están relacionadas con el titular de la hipoteca o su cónyuge hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y están en una situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que los incapacita temporal o permanentemente para trabajar.
Hay una víctima de violencia de género, trata o explotación sexual en la unidad familiar. El deudor tiene más de sesenta años, incluso si no cumple los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo establecido en la letra a de este apartado.

La cuota hipotecaria debe ser superior al 50 por ciento de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar. Este porcentaje será del 40 por ciento si alguno de los miembros cumple con las circunstancias descritas anteriormente.

Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.
Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a, b y c anteriores.

Las partes

El usuario que realice el pago de los servicios acepta de forma expresa, en el mismo enlace las condiciones generales expuestas en este expositivo, declarando, así mismo, el cumplimiento de los requisitos y resto de declaraciones manifestadas en estas condiciones.

El usuario que realice el pago se convertirá en CLIENTE, el cual es la persona interesada en acogerse al procedimiento de código de buenas prácticas por hallarse en el umbral de exclusión y reunir los requisitos exigidos para ello.

El pago y aceptación de los términos declaran que El CLIENTE y CBP han alcanzado un acuerdo en virtud del cual ésta se compromete a dirigirlo, asesorarlo y defenderlo durante el proceso de Código de Buenas Prácticas, otorgando el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, reconociéndose mutuamente su capacidad para otorgar el consentimiento y aceptación de los términos y condiciones de este expositivo, con arreglo a los siguientes PACTOS:

Inicio y objeto del contrato:

El acuerdo alcanzado entre las partes, tal como se especifica en la condición anterior, tiene por objeto la prestación de Servicios Profesionales de Asesoramiento y defensa, no implicando, en consecuencia, vínculo laboral alguno.

Las partes acuerdan que estos servicios se desarrollarán durante el tiempo necesario para lograr el objetivo establecido y mientras sea posible alcanzar un acuerdo conforme a las medidas y soluciones establecidas en el Código de Buenas Prácticas, siendo la más habitual la carencia o la dación en pago, y, por tanto, se entenderán finalizados cuando no sea posible avanzar en este proceso, por resultar éste imposible o no cumplir los requisitos, o por haber finalizado el procedimiento de forma exitosa.

En cualquier caso, el tiempo máximo de prestación de los servicios se limita a cinco meses.

El precio del servicio contratado es el elegido en el enlace de honorarios, independientemente de cuándo finalice el proceso y del vencimiento de sus cuotas.

El servicio contratado, además del asesoramiento en su materia durante todo el proceso, incluye:

Asesoramiento en la preparación de la solicitud del acogimiento del Código de Buenas Prácticas.

Seguimiento de la solicitud ante la entidad bancaria para impulsar las medidas establecidas en el Código de Buenas Prácticas.

Si el cliente no presenta algún documento requerido y ello imposibilita la continuación del procedimiento CBP no asume ninguna responsabilidad al respecto, por lo que no devolverá cuantía alguna por los honorarios satisfechos. CBP en ningún caso garantiza la consecución de una de las medidas establecidas por el Código de Buenas Prácticas.

Transparencia, información y documentación

El CLIENTE se obliga a remitir y a facilitar a CBP toda la documentación e información que posea del caso en concreto a fin de facilitar en lo posible el estudio y tramitación del asunto.

Igualmente, otorgará, si así es requerido por CBP, a la mayor brevedad posible, autorización o poder notarial a favor de las personas que éste designe, a fin de que puedan actuar en cuantos asuntos sean necesarios en su representación, sin que en dicha actuación puedan firmar acuerdos de refinanciación sin el consentimiento expreso y por escrito del CLIENTE.

Asimismo, EL CLIENTE reconoce que ha sido informado por parte de CBP de la necesidad de informar de todos los bienes y derechos que sean de su titularidad y estén dentro de su patrimonio en el momento de suscripción del presente contrato, como por ejemplo vivienda habitual, segundas residencias, contrato de alquiler, etc.

Como consecuencia de lo previsto anteriormente, CBP no asume ninguna función relativa a la verificación de la autenticidad, completitud, y exactitud de la información que El CLIENTE proporcione para el desarrollo de los servicios, por lo que salva todo tipo de responsabilidad en supuestos como los siguientes:

Información incompleta, falsa o inexacta proporcionada por El CLIENTE.

Incumplimiento de las obligaciones de cualquier índole por parte del CLIENTE, fruto de este proceso o no, especialmente: la no presentación de declaraciones, su presentación fuera de plazo o su prestación indebida; falsedades contables o de índole registral o documental y demás fijadas en cualquier normativa vigente.

No aportación de documentación o información necesaria para el correcto desarrollo del expediente, en cualquiera de sus fases.

Cualquier acción o disposición sobre bienes y derechos presentes o futuribles llevado a cabo sin conocimiento o sin autorización de CBP, y que puedan perjudicar al buen fin del presente contrato, como por ejemplo cantidades procedentes de prestaciones, indemnizaciones o cualquier otro incremento de patrimonio del cliente.

Advirtiendo especialmente que la enajenación o adquisición de bienes dentro del procedimiento de Código de Buenas Prácticas o la disposición de cuantías superiores a las habituales puede ser considerado un incumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para este proceso, perdiendo por ello el derecho a la adopción de las medidas establecidas en la misma normativa para aliviar la carga hipotecaria.

Honorarios y forma de pago

Los honorarios profesionales a satisfacer por EL CLIENTE por los servicios contratados son los aceptados por el mismo en el enlace de pago.
El pago de estos honorarios se efectuará mediante el pago con tarjeta, tal como ofrece el enlace anterior, o mediante transferencia bancaria, en la cuenta titularidad de CBP (SALATAN ABOGADOS SL).
Banco Qonto
ES67 6888 0001 6855 6970 5786
Concepto: Nombre de cliente

Tras la contratación, EL CLIENTE podrá cancelar y desistir de la misma en un plazo de 14 días naturales, con o sin causa justificada, y sin ningún tipo de penalización, siempre y cuando el servicio no se hubiera prestado ya, total o parcialmente, por CBP.
El desistimiento podrá ser comunicado por cualquier medio que deje constancia de su recepción, y CBP tendrá derecho a hacer suyas o reclamar los gastos que se hayan producido durante este periodo.
A partir de ese plazo, EL CLIENTE, en cualquier momento del proceso, puede ejercitar su derecho a desistir libremente del presente contrato, si bien estará obligado a abonar la totalidad de la contraprestación económica pactada desde un inicio.
En caso de incumplimiento de los términos de pago por parte del CLIENTE, CBP podrá interrumpir la tramitación de expediente, e incluso desistir del contrato, y renunciar a la defensa letrada del procedimiento judicial una vez iniciado, haciendo suyas las cantidades cobradas en concepto de honorarios.
El desistimiento será causa de resolución del contrato con CBP por incumplimiento de las obligaciones del cliente.
El CLIENTE tiene la obligación de comunicar de forma inmediata a CBP cualquier comunicación o contacto por parte de la entidad con la que se pretende llegar a un acuerdo conforme a las medidas establecidas en el Código de Buenas Prácticas. La falta de comunicación inmediata, supondrá el incumplimiento del contrato por parte del cliente.

Política de devolución de cuotas.

Se prevé expresamente que la concurrencia de las siguientes circunstancias son causa de la no devolución de las cantidades abonadas en concepto de honorarios:

Mala intención por parte del cliente que le inhabilite para la concesión de alguna de las medidas establecidas en el Código de Buenas Prácticas: Falsedad documental, incorrección de datos facilitados, mala fe, ocultación de información, alzamiento de bienes, ocultación de activos o incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 3 y siguientes del Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios o lo reflejado en cualquiera de sus modificaciones posteriores.

Falta de diligencia por parte del cliente que impide el desarrollo del procedimiento: falta de entrega de la documentación requerida, falta de atención a los requerimientos, falta de comunicación con la empresa, falta de atención a las llamadas telefónicas o correos, falta de asistencia a la firma del acuerdo o las reuniones que sean pertinentes o necesarias. Firma por parte del deudor de un acuerdo sin conocimiento y/o consentimiento de CBP.

Desacuerdo por parte del cliente con terceros actores del proceso (notarios, gestores, registradores…) que impidan finalizar el proceso.

La decisión unilateral de la rescisión / resolución por cualquiera de las partes en cualquier momento desde la presente contratación.

Otros gastos y profesionales

El cliente reconoce haber sido informado por CBP acerca de la intervención de otros profesionales y organismos en este proceso y de sus funciones, tales como notarios, registradores, gestores o aplicaciones para obtener información o documentación, y cualquier otro que se produzca que a lo largo del presente proceso, los cuales llevan aparejados sus correspondientes costes económicos derivados de su intervención, y cuyo pago puede ser necesario para la continuación del expediente.

Estos costes y gastos no están incluidos en los honorarios pactados en el punto anterior, aunque la mayoría de ellos pueden ser asumidos por la entidad bancaria con la que tiene el cliente la hipoteca objeto de reestructuración. CBP no mantiene relación alguna con estos profesionales, ni se encuentra vinculado por la relación entre EL CLIENTE ni estos profesionales.

Terminación y resolución del contrato

Son causas de terminación y resolución del contrato las siguientes:

Su terminación normal, ya sea por haberse cumplido la prestación o por acuerdo de las partes. Se entiende que CBP ha finalizado la prestación una vez que se ha alcanzado un acuerdo con la entidad bancaria con la que ostenta el cliente la hipoteca o por haber transcurrido más de 5 meses desde el inicio del arrendamiento de servicios.

La fecha de inicio es la fecha en la que CBP recibe el pago en su cuenta bancaria.

Por incumplimiento de las partes de alguna de las cláusulas del presente contrato sin que este incumplimiento hubiera sido subsanado dentro de los cinco días siguientes a la notificación efectuada por la otra parte solicitando su subsanación.

Jurisdicción competente

Las partes acuerdan someterse, para la resolución de cualquier divergencia que pudiera existir tanto en la interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a su propio fuero en caso de ser distinto.

Esta política de privacidad puede modificarse. Te recomendamos que revises la política de privacidad con cierta periodicidad.

Protección de Datos

El CLIENTE autoriza expresamente a CBP a la inclusión en sus ficheros y tratamiento de todos los datos de carácter personal que le fueran facilitados para el mantenimiento de la futura relación contractual, la elaboración de estudios estadísticos y el envío de información comercial. Dichos datos permanecerán en los ficheros de la mercantil y estarán sujetos mediante solicitud escrita del interesado, a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente. Mediante la aceptación de los términos y condiciones el cliente autoriza expresamente a CBP a la cesión de los datos facilitados de carácter personal a terceros. El destinatario principal es SALATAN ABOGADOS SL, si bien los mismos podrán ser transferidos a colaboradores con fines comerciales o de fidelización para garantizar una solución global a la solicitud realizada o a las problemáticas detectadas por los profesionales de SALATAN ABOGADOS SL. SALATAN ABOGADOS SL procura garantizar la seguridad de los datos personales cuando se envían fuera de la empresa y se asegura que los terceros proveedores de servicio respetan la confidencialidad y cuentan con las medidas adecuadas para proteger los datos personales. Dichos terceros tienen la obligación de garantizar que la información se trata conforme con la normativa de privacidad de datos. En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones legales. Los datos personales obtenidos también podrán ser compartidos con otras empresas del grupo. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos puede consultarlo en nuestra web

Familias como tu ya lo han conseguido:

“Estaba muy preocupado.”

Estaba realmente preocupado por mi hipoteca, ya que mis ingresos habían disminuido significativamente. Afortunadamente, me acogí al código de buenas prácticas y la entidad bancaria revisó mi situación, logrando reducir mi cuota mensual.

Juan Garcia

“Como madre soltera, estaba luchando”

Como madre soltera, estaba luchando para pagar mi hipoteca cada mes. Al enterarme del código de buenas prácticas, no perdí tiempo en contactar con mi banco. Fue un proceso bastante claro y el resultado fue una reducción en mi cuota que me ha ayudado a equilibrar mi economia

Ana Rordiguez

“Después de un periodo de desempleo”

Después de un periodo de desempleo, me vi incapaz de cumplir con la cuota de la hipoteca. Al acogerme al código de buenas prácticas, pude negociar con el banco y conseguí una reducción temporal de la cuota.

Carlos Sanchez

“Tras una reducción de ingresos en mi negocio”

ras una reducción de ingresos en mi negocio, pagar la hipoteca se convirtió en un desafío. Al aplicar al código de buenas prácticas, el banco revisó mi caso y pude beneficiarme de una cuota más baja, lo cual ha sido vital para mantener mi negocio a flote.

Laura Jiménez

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